El Gobierno nacional concluye esta semana la revisión del proyecto de Súper RIGI y planea enviarlo al Congreso antes del viernes 22 de mayo. La iniciativa, que amplía y profundiza el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024, incorpora beneficios tributarios y aduaneros más agresivos orientados a sectores que no tienen desarrollo local: inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa y vehículos eléctricos.
Los beneficios concretos del proyecto
Según los detalles confirmados por el ministro de Economía Luis Caputo, el Súper RIGI incluye: reducción de la alícuota de Ganancias del 25% al 15% para proyectos adheridos; amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos siguientes; arancel cero para insumos y equipos vinculados a la producción del proyecto; eliminación total de derechos de exportación; y un tope del 0,5% de Ingresos Brutos para las provincias que se sumen al esquema.
Por qué el Gobierno lo necesita esta semana
El envío antes del receso invernal de julio es condición necesaria para que el proyecto pueda debatirse en comisión y eventualmente votarse antes de fin de año. El Gobierno tiene un calendario legislativo apretado: la reforma electoral, el Súper RIGI y cambios en el Código Penal compiten por el mismo espacio en la agenda parlamentaria. Cualquier demora empuja la aprobación a 2027, que ya es año electoral.
La negociación con gobernadores
Las provincias energéticas y mineras —Neuquén, Santa Cruz, Salta, Jujuy, San Juan— son las potenciales grandes beneficiarias del Súper RIGI, ya que sus territorios concentran los recursos naturales que el régimen busca movilizar. El Gobierno negocia con esas gobernaciones la adhesión provincial al esquema —que implica resignar parte de Ingresos Brutos a cambio de atraer inversiones de escala— como moneda de cambio para los votos legislativos en el Congreso.
Qué dice la oposición
El kirchnerismo anticipa rechazo, argumentando que el esquema beneficia a inversores extranjeros a costa de resignar recursos fiscales sin garantías de empleo local. La oposición no kirchnerista —UCR, Hacemos Coalición Cívica, parte del PRO— analiza el texto antes de definir su voto. El oficialismo necesita al menos parte de esos votos para alcanzar quórum y mayoría en la Cámara de Diputados.
