El Gobierno nacional formalizó un recorte de más de $63.000 millones en el presupuesto del área de Salud Pública a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida impacta en el acceso a medicamentos, tratamientos de alta complejidad, programas oncológicos y el financiamiento de organismos sanitarios estratégicos.
Las áreas más afectadas
| Programa | Recorte |
|---|---|
| Fortalecimiento de sistemas provinciales de salud | $25.000 M |
| Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica | $20.000 M |
| Investigación, prevención y tratamiento del cáncer | $5.000 M |
| INCUCAI (trasplantes) | $831 M |
| VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra | $800 M |
| Salud sexual y procreación responsable | $900 M |
| Prevención de enfermedades transmisibles | $500 M |
Qué implica en la práctica
El recorte al programa de fortalecimiento de sistemas provinciales de salud afecta directamente la provisión de vacunas y medicamentos que el Estado nacional transfiere a las provincias. Según denunció el gobierno bonaerense, la medida implica $63.000 millones menos para vacunas y medicamentos esenciales.
La reducción en el programa de cáncer —que baja $5.000 millones— impacta en la asistencia directa a pacientes oncológicos de bajos recursos que reciben subsidios para tratamientos. El recorte al INCUCAI, el organismo que coordina trasplantes de órganos, preocupa especialmente a la comunidad médica por su potencial efecto en los tiempos de espera para trasplantes.
El contexto del ajuste fiscal
El recorte en Salud se enmarca en una reducción más amplia del gasto público que, según Perfil, alcanzó casi $3 billones en diferentes áreas. El Gobierno mantiene como prioridad el superávit fiscal y la reducción del déficit primario como condición del acuerdo con el FMI.
Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la salud pública y los gobiernos provinciales anticiparon que impugnarán judicialmente la medida, argumentando que viola leyes específicas de financiamiento sanitario que establecen pisos presupuestarios mínimos para programas como la lucha contra el VIH y la prevención del cáncer.
