La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón dictó prisión preventiva al oficial de la Policía de la Ciudad, Lucas Adrián Gómez (36), acusado de asesinar a Juan Cruz Leal (21) e intentar matar a su amigo, Daniel Enrique Khune, el pasado 12 de marzo en Ituzaingó. Este fallo se produce en un contexto de creciente preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad y la legitimidad de su uso de la fuerza.
El tribunal, conformado por los jueces Fabián Cardoso, Fernando Bellido y Diego Grau, rechazó la defensa del policía, que alegó haber actuado en «legítima defensa putativa», argumentando que temía ser víctima de un robo. Sin embargo, la Cámara concluyó que no existían elementos objetivos que respaldaran esta hipótesis. De esta manera, Gómez permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio oral, que se espera se realice en los próximos meses.
El trágico incidente ocurrió a las 22:05 horas del 12 de marzo en la esquina de Martín Rodríguez y Suboficial Perdomo, cuando Gómez y su esposa circulaban en una moto Honda XR 150 sin patente. Al percatarse de que detrás de ellos iban Juan Cruz Leal y Daniel Khune en una Honda CB, el policía aceleró su vehículo. Aparentemente, los jóvenes se dirigían apurados a jugar al fútbol en la cancha «Goles y Gambeta» de Merlo.
En un giro inesperado, Gómez realizó una maniobra brusca de frenado, cruzando su moto delante de los jóvenes, y sin mediar palabra, extrajo su arma reglamentaria y disparó. Juan Cruz recibió dos disparos, uno impactando en el hemitórax derecho y otro en el muslo izquierdo, lo que afectó su arteria femoral. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció horas después en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. Por su parte, Khune fue alcanzado por un disparo en el hemitórax derecho, pero logró sobrevivir gracias a que el proyectil no dañó órganos vitales.
Desde el momento de la muerte de Leal, Lucas Gómez ha estado detenido en un pabellón especial de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó. La prisión preventiva había sido dictada a mediados de abril por el juez de Garantías Ricardo Fraga, a pedido de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Ituzaingó. Gómez enfrenta cargos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa por el ataque a Khune.
La defensa del policía argumentó que Gómez había disparado para neutralizar una supuesta agresión, basándose en experiencias previas de robo que había sufrido. Sin embargo, el juez Fraga descalificó este argumento, considerándolo una «entelequia», es decir, una situación ficticia y no real, dado que no hubo acciones amenazantes por parte de los jóvenes antes del ataque. Esto fue respaldado por el tribunal, que subrayó que Gómez no describió ninguna amenaza concreta y que su reacción se basó únicamente en la presencia de otra moto detrás de él.
Uno de los puntos críticos del fallo fue la experiencia del oficial, quien lleva más de doce años en la fuerza. Los jueces argumentaron que su formación y experiencia debían haberle permitido evaluar mejor la situación antes de recurrir a su arma de fuego. Según los magistrados, existían alternativas menos letales para verificar la situación antes de disparar, y el uso del arma se produjo cuando el supuesto peligro aún era incierto.
La Cámara de Apelaciones también destacó que persisten riesgos procesales que justifican la prisión preventiva, tales como la gravedad de los delitos imputados, la posibilidad de una pena severa y testimonios de vecinos sobre intervenciones previas de Gómez que podrían indicar un patrón de conducta violenta.
Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad que conlleva. La muerte de Juan Cruz Leal ha dejado una profunda herida en su familia y en la comunidad, que se pregunta hasta dónde llega la legítima defensa y en qué momento se transforma en abuso de poder.
La decisión de la Cámara de Apelaciones marca un precedente en la forma en que se manejan los casos de violencia policial en el país, y abre la puerta a un análisis más profundo sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en situaciones de riesgo. La sociedad espera que el juicio oral no solo sirva para dirimir la responsabilidad de Gómez, sino también para reflexionar sobre la formación y el control de las fuerzas de seguridad, así como la necesidad de garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.
Mientras tanto, la familia de Juan Cruz Leal sigue adelante con su lucha por justicia, esperando que su muerte no sea en vano y que se tomen medidas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. La comunidad de Ituzaingó, que se moviliza en apoyo a la familia, se pregunta si este caso será un punto de inflexión en la relación entre la policía y la ciudadanía.
