Justicia peritará informe médico de la hija de Cristina Kirchner

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Luego del pedido de Cristina Kirchner para que su hija pueda permanecer 45 días más en Cuba, desde la Justicia informaron que peritarán los informes médicos. Los jueces pretenden determinar si Florencia Kirchner está en condiciones de viajar.

Asimismo, después de  su regreso a la Argentina, la expresidenta hizo público el certificado médico donde se detalla la historia clínica y los diagnósticos médicos sobre la salud de su hija. Según el informe, Florencia padece un “trastorno de estrés postraumático”.

La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior, no se recomienda viajar”, se lee, además, en el documento que se dio a conocer.

La información se compartió a partir del pedido de Florencia “en virtud de las mentiras y falsedades publicadas” en los últimos días. “Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud”, prosiguió el documento.

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Tribunal determinará cuánto tiempo durará el tratamiento de la hija de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal número 5 (TOF5), que concedió hace algunos días la permanencia fuera del país hasta fin de mes, busca determinar si Florencia está en condiciones de tomar un avión para regresar al país, y peritarán los informes presentados.

A su vez, intervendrá el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, según publica Clarín. Desde el Tribunal buscan que los peritos médicos determinen cuánto tiempo demandará el tratamiento en cuestión.

Cabe recordar que Florencia se encuentra recibiendo un tratamiento médico en Cuba. El resumen de su historia clínica fue presentado ante la Justicia federal. Además, parte de la documentación que se compartió en redes sociales por la ex mandataria, a pedido de la propia Florencia.

De hecho, tanto Florencia Kirchner como su hermano Máximo están procesados en el marco de la causa denominada “Los Sauces”. A ambos se les acusa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero con fondos provenientes de la obra pública.