Elisa Carrió quedó sin inmunidad parlamentaria

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La Justicia rechazó la “inmunidad parlamentaria”, bajo la que se protegía la diputada oficialista Elisa Carrió. Ello ocurre frente a la demanda civil que le inició, por daños y prejuicios, el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi.

De igual forma, la legisladora quedó expuesta a una investigación sobre si plantearon una falsa denuncia y montaron una “operación de prensa”. El problema inició en enero del 2016, cuando Carrió y el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez denunciaron a Ricardo Lorenzetti y a Marchi por enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia, el hecho afectó su buen nombre y honor, a sabiendas de que la AFIP sentenció la “inexistencia de interés fiscal en el caso”, según señaló Ámbito Financiero.

Asimismo, un año después, Marchi los demandó en lo civil y la funcionaria de Cambiemos se defendió argumentando que sus dichos se amparaban en su función como legisladora, algo que consiguió cuando la demandó Ricardo Echegaray.

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No se puede abusar de la inmunidad parlamentaria dijeron a Elisa Carrió

Los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó, que componen la Sala B indicaron: “Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional, ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa asignada”.

“Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano”, señalaron. También, agregaron que negarle la oportunidad a Marchi de que reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados “violaría el límite de igualdad ante la ley”.

Para concluir, en el caso de los fueros bajo los que se protegió Carrió, el camarista Parrilli aclaró que “la inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen”.