Cámara Federal se inhibió en causa del Grupo Báez

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Los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Guillermo Jorge Yacobucci y Gustavo M. Hornos no dieron lugar a un recurso de queja en el marco de una causa que involucra a representantes técnicos del Grupo que conforman el empresario Lázaro Báez, y a varios exfuncionarios del Gobierno de Santa Cruz.

Dentro de ellos, miembros de la Administración General de Vialidad Provincial, del Ministerio de Economía y Obras Públicas, así como del Tribunal de Cuentas de la provincia patagónica.

De igual forma, la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó el bloqueo de cajas de seguridad y una inhibición de bienes a los inmersos en el marco de esta causa que investiga el presunto otorgamiento de obras públicas sin control alguno, así como con sobreprecios a la compañía que dirigía el hombre de negocios que se relaciona al kirchnerismo.

A su vez, con esta decisión, la Sala IV de la Casación Penal, cuyo líder es Borinsky, desestimó la queja que elevaron los imputados en la causa después de lo que definió la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó el bloqueo de cajas de seguridad y la inhibición.

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Tribunal desestimó las quejas que elevaron desde el Grupo Báez

“El Tribunal resuelve no hacer lugar a la queja interpuesta por la Defensa Pública Oficial asistiendo a (los exfuncionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) Claudia Oliva, Carlos Mancilla, Guillermo Torres, Facundo Muñoz, Daniel López Geraldi, Juan Gelves, Juan Carlos Cerrato y Roberto Lillo”, así como a “(uno de los exministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz) Edgardo Raúl Valfré”, a la “(funcionaria del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz) Alicia María Quinteros” y también a “(uno de los representantes técnicos del Grupo Báez) Juan Antonio Parras”, reza el texto del fallo.

Asimismo, el escrito indica “que la queja en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida en Casación no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos”.

“Si bien el impugnante alegó la violación de derechos laborales y patrimoniales, no logró demostrar de qué manera concreta les produce a sus asistidos -Oliva, Muñoz, López Geraldi, Gelves, Torres, Valfré, Mancilla, Cerrato, Lillo, Parras y Quinteros- un agravio de imposible y tardía reparación ulterior, a efectos de equiparar dicho pronunciamiento a uno de carácter  definitivo y habilitar así la instancia casatoria”, adiciona el documento.

Para finalizar, se señala “tener presente la reserva del caso federal” al tiempo que se indica: “Notifíquese a la Defensa Pública Oficial ante esta instancia, comuníquese y remítase la causa a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío”.