El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una apelación contra la medida cautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo, que dispuso suspender los desalojos administrativos de viviendas usurpadas hasta tanto se garanticen determinadas condiciones para las familias afectadas. La decisión judicial impacta de lleno en uno de los ejes centrales de la gestión de Jorge Macri, que hizo de la recuperación de inmuebles tomados una de sus banderas de gobierno.
Qué dispuso el fallo
Según se desprende de la resolución judicial, los desalojos, clausuras y sellados de viviendas en situación de riesgo edilicio solo podrán llevarse adelante cuando exista peligro concreto de derrumbe y, además, cuando el Gobierno porteño garantice una solución habitacional para los grupos familiares desplazados. La cautelar alcanza al conjunto de los operativos administrativos que la Ciudad venía realizando sin intervención judicial previa en cada caso.
Desde el Ejecutivo porteño calificaron la medida como un obstáculo a una política que, según sus propios números, ya permitió restituir a sus legítimos dueños más de 840 propiedades desde el inicio de la actual gestión, con un valor conjunto que supera los 400 millones de dólares. Balvanera encabeza el ranking de barrios con más operativos de restitución, con 82 casos, seguido por La Boca, Almagro, Constitución y Barracas.
La respuesta oficial
El equipo jurídico de la Ciudad presentó el recurso de apelación argumentando que la política de restitución de inmuebles usurpados se ajusta al marco normativo vigente y que la mayoría de los casos atendidos correspondían a situaciones de riesgo estructural verificado por organismos técnicos porteños. El Gobierno insiste en que la seguridad y el orden urbano —ejes que Jorge Macri viene remarcando desde la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura en marzo— no pueden quedar supeditados a demoras judiciales indefinidas.
En esa misma línea, el jefe de Gobierno porteño había sido categórico meses atrás al sostener que «la ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó», en referencia al plan de recuperación de espacios públicos y privados tomados que la gestión considera un pilar de su política de seguridad para los próximos años.
Voces críticas
Organizaciones sociales y vecinales de algunos de los inmuebles alcanzados por los operativos cuestionaron el operativo, señalando que las familias desplazadas no siempre contaron con una alternativa habitacional inmediata al momento del desalojo. Esa es, justamente, la brecha que el fallo de Gallardo busca cerrar al exigir una solución habitacional previa como condición para avanzar con cualquier nuevo operativo.
Qué sigue
La apelación de la Ciudad deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, que definirá si la cautelar se mantiene, se modifica o queda sin efecto. Hasta que eso ocurra, los operativos de restitución de inmuebles usurpados —salvo los casos de riesgo edilicio inminente— permanecen en pausa, en un capítulo judicial que promete extenderse en las próximas semanas y que es seguido de cerca tanto por propietarios afectados como por las organizaciones que representan a las familias ocupantes.
